La Red Niño Niña ante la crisis de Niños y Adolescentes migrantes no acompañados

Las Organizaciones no gubernamentales e internacionales a favor de los derechos de la niñez y adolescencia, miembros de la “Red Niño Niña” que da seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU manifiestan públicamente su preocupación ante la actual crisis de niñez y adolescencia migrantes no acompañados que buscan ingresar a los Estados Unidos.  De conformidad con datos del gobierno norteamericano, en meses recientes ha habido un aumento récord en el número de niñez y adolescencia no acompañados que migran a los Estados Unidos desde Centro América, específicamente desde El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Después de 25 años de haberse ratificado la Convención de los Derechos del Niño y a casi 11 años de haberse promulgado la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia en Guatemala, ha habido progreso en términos de legislación y políticas enfocadas en la niñez y adolescencia, aunque el incremento de la violencia y la desigualdad debilitante, han llevado a serios obstáculos en el cumplimiento de la misma, principalmente para el progreso de derechos tales como educación y salud, que debieron ser áreas de gran logro en el país. La falta de protección y oportunidades en sus comunidades los hace vulnerables a las violencias en todos los aspectos de sus vidas, desde el hambre hasta la extorsión, la violencia doméstica, servidumbre forzada, violencia sexual, trata de personas con fines sexuales y el involucramiento en maras y pandillas. Dado que la crisis se ha profundizado, más niñas, niños y adolescentes son privados de su derecho a la educación, la posibilidad de construir su proyecto de vida, a la salud, y el derecho de crecer en un ambiente amoroso, seguro y libre de discriminación.

Al escapar de esta realidad en la búsqueda de mejores oportunidades y/o de una reintegración familiar, la niñez y adolescencia a menudo enfrentan graves riesgos y peligros. La situación es que estos niños, niñas y adolescentes son altamente vulnerables, no sólo en sus países sino en su recorrido migratorio, lo cual impacta su dignidad, sobre todo si llegan a ser víctimas de trata de personas, maltrato, violencia sxual o accidentes que atentan con su integridad física y mental, engrosando la lista de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, o explotados laboral y sexualmente.

Mientras este fenómeno no es algo nuevo, la reciente oleada de niñez y adolescencia migrante sin acompañamiento, se atribuye a una problemática estructural no resuelta, que se evidencia en la violencia, la pobreza, la discriminación, la falta de oportunidades de empleo y educación, el poco acceso a la salud, la conflictividad social y territorial, y la respuesta equívoca e insuficiente del estado, manifestándose la poca inversión que se hace en programas y proyectos a favor de la niñez y adolescencia para frenar esta situación.

Todas las instituciones del Estado guatemalteco, desde la familia hasta las de índole política, económica y social, tienen la obligación de velar por la protección de la niñez, garantizándole sus derechos humanos. Así, tanto el Gobierno como la sociedad civil, han de asumir la deuda histórica que se tiene con la niñez y adolescencia y actuar en consecuencia.

Como Organizaciones nos encontramos altamente preocupados ante las declaraciones Gubernamentales de persecución penal de los padres, de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Guatemala se encuentra en el puesto 125 de desarrollo humano[1] y sigue siendo uno de los países con mayor porcentaje de niñez desnutrida crónicamente y con bajos niveles de educación. Es el país centroamericano que menos invierte en la niñez y adolescencia; solamente el 3.1% del PIB[2] se invierte en dicha población, siendo 4 quetzales con 95 centavos, en promedio 64 centavos de dólar diarios.  Esta baja inversión, limita las posibilidades de universalizar la cobertura educativa y protección social mínima que garantice la salud, la educación inclusiva, nutrición y asistencia social de las niñas, niña y adolescente, principalmente de quienes habitan en el área rural, en hogares indígenas, históricamente rezagados en el acceso a los bienes públicos.  

Ante esta realidad, las Organizaciones firmantes preocupadas por que se garanticen los derechos de las niñas, niñas y adolescentes de manera conjunta, hacemos un llamado al Gobierno para:

 1.       Situar el Interés Superior de la Niñez y Adolescencia en el centro de todas las agendas gubernamentales y de las políticas públicas con el correspondiente presupuesto.

2.       Respetar y cumplir las medidas especiales de protección de la niñez y adolescencia, establecidas en la Convención de los Derechos del niño y sus recomendaciones al Estado de Guatemala en materia de migración (numeral 8, recomendación 83)

3.       Fortalecer los sistemas nacionales y locales de protección de la niñez y adolescencia como un mecanismo que garantice el bienestar de los mismos.

4.       No criminalizar a los padres, madres, tutores de las niñas, niños y adolescentes migrantes, sin haber analizado cada caso en particular, para tal efecto debe establecerse los mecanismos ágiles de estudio y atención.

5.       El Estado es el responsable de garantizar mejores condiciones de vida a la población, establecidas en la Constitución Política de la República, en la ley de Protección integral de la Niñez y Adolescencia y en la Convención de los Derechos del Niño.

6.       Fortalecer y armonizar los marcos normativos y legales de protección integral de niñez, principalmente a nivel local, municipal y departamental, con especial atención en las áreas fronterizas y de mayor registro migratorio.

7.       Revisar, analizar y reorientar el presupuesto con enfoque de niñez y adolescencia que garanticen el apoyo, cuidado, protección, educación, inclusión e impulso de oportunidades para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en Guatemala.

8.       Desarrollar e implementar espacios de formación y capacitación obligatorios para las autoridades relacionadas con niñas, niños y adolescentes repatriados, en temas de protección y derechos de la niñez incluyendo los principios fundamentales de tratamiento no discriminatorio, interés superior del niño, de no devolución, de unidad familiar, del debido proceso legal, de no detención y otras restricciones a la libertad.

9.       Fortalecer el registro, la colaboración e intercambio de información y el libre acceso a la misma, relacionados con la niñez y adolescencia repatriada, contando con datos fidedignos para su seguimiento y atención psicosocial comunitaria, como un mecanismo de reintegración.

10.   Garantizar que en el marco normativo o iniciativas de ley que se propongan, haya consenso de las organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y de la población migrante. 

Como Organizaciones estamos conscientes de la necesidad del trabajo articulado, de la cooperación mutua entre sociedad civil y gobierno, para resultados más efectivos y trascendentales a favor de la población. 

Es urgente atender y proteger a la niñez y adolescencia garantizando sus derechos.

Ellas y ellos son el presente y el futuro de nuestra Nación.

Las Organizaciones firmantes de este comunicado son:

APROFAM, ACEDIF, CEIBA, CEIPA, CHILDHOPE, CIPRODENI, CNNA, CODEIN, CONACMI, COMUNICARES, CONRADO DE LA CRUZ, CONSULTORIAS ALTERNATIVAS, DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ PDH, EPRODEP, FORO DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE DEPENDEN DE LA CALLE PARA SOBREVIVIR, FUNDAESPRO, FUNDAL, FUNDACIÓN PESTALOZZI, ICOS, IJM, IPS, K´AMALBE´, LA ALIANZA, ODHA, PAMI, PLAN GUATEMALA, SAVE THE CHILDREN GUATEMALA, VISIÓN MUNDIAL, VIVA JUNTOS POR LA NIÑEZ, TDH.